CONTROL POLÍTICO; RIGUROSIDAD JURÍDICA

Las noticias que afectan a la Agencia Tributaria han hecho saltar la alarma en muchos medios de comunicación: nadie puede esconder el hecho que el principal organismo recaudador del Estado es un avispero de luchas intestinas marcadas por el control político de la temida Agencia.
No puede haber mejor ejemplo de la bipolaridad del sector público: la incesante lucha de los criterios técnicos frente los dictados políticos que se quieren imponer desde arriba. Es curioso que la prensa resalte el hecho que la Agencia Tributaria sea uno de los organismos en los que mas priman los criterios de confianza política para alcanzar un puesto relevante; en realidad ese es el mapa de la situación, incluso en puestos de nivel intermedio, en la práctica totalidad de las administraciones autonómicas y locales, que concentran en mayor número de empleados públicos de España, mientras que en la Administración General del Estado se sigue de forma más ortodoxa la carrera administrativa, con excepción de los altos cargos.
No parece que de estos ingredientes pueda salir un cóctel muy sólido. Si los políticos copan las decisiones y la provisión de puestos se debe única y exclusivamente a criterios de confianza, el panorama es mas bien sombrío: no habrá igualdad ante la ley y primará en interés del partido y no del estado. Si se deja todo en manos de los llamas "tecnócratas", se extenderán las decisiones impopulares, la aplicación de criterios legalistas por encima de la sensibilidad social o del análisis de las consecuencias, no siempre adecuadas, de las normas.
¿Donde puede encontrarse en punto de equilibrio?. Una Inspección rigurosa y legalista al máximo puede suponer el cierre de un negocio, la pérdida de puestos de trabajo o la huida a geografías mas benevolentes con el inversor. Al mismo tiempo la "vista gorda" con criterios políticos supone una alteración de la competencia y el perjuicio del que cumple rigurosamente con el marco legal. Si se seleccionan a "fieles" que seleccionan a quien debe hacerse caer el peso de la ley y dejan impunes a otros, los principios constitucionales caen. Si se deja el tinglado en manos de cumplidores escrupulosos de la legalidad, no sería infrecuente que los remedios aplicados fuesen peores que la enfermedad. En la literatura existe una figura memorable al respecto: el obsesivo inspector Janvert magistralmente recreado por Victor Hugo en "Los Miserables" que lleva a extremos neuróticos su amor a las normas.
Tal vez el problema se encuentre en un marco jurídico inadecuado: la tendencia del sector público a regularizarlo todo, a enmarcar cualquier actividad, en especial la económica, en una maraña legislativa que en la práctica resulte imposible de cumplir y que obligue al fraude para la supervivencia del negocio. Si las leyes fuesen mas coherentes, por parte de las Cámaras Nacionales o el Parlamento y la Comisión Europea, se podrían seleccionar profesionales independientes y solventes para los altos puestos administrativos, sin que el cargo político viese en peligro su supervivencia en caso del cumplimiento de las reglas del juego.
Porque cualquiera que haya trabajado en un servicio de inspección administrativo es consciente de que, si se entra a saco, se puede cerrar un sector casi al completo, o al menos mandar a la ruina a no pocos pequeños empresarios. Ahí puede estar la raíz del problema

ESTADO........¿DE DERECHO?

El planteamiento de la consulta catalana nos demuestra una realidad desde hace varios años consolidada: el desprecio por el marco legal que la clase política ostenta.
Hace casi un siglo Kelsen afirmaba que una norma deja de ser válida cuando los individuos a los que va dirigida dejan de cumplirla. Esto se pone de manifiesto en los dirigentes catalanes que una y otra vez se saltan el marco jurídico establecido en la Constitución de 1978; en su desdén por la misma no dudan en acometer la mas flagrante ilegalidad con tal de buscar un rendimiento político a la misma. Mas y compañía saben que la consulta será declarada inconstitucional, pero precisamente eso es lo que buscan para arroparse en una presunta agresión estatal e intentar sacar rendimiento electoral de la misma.
Por lo tanto, nos encontramos ante la negación absoluta del Estado de Derecho: sus instituciones y reglas son utilizadas como instrumentos de rendimiento político al servicio de una clase que lucha por su subsistencia a toda costa.
En tales circunstancias ¿a quién le puede extrañar la existencia de corrupción?. La misma entraña, ante todo, desprecio por la legalidad vigente y queda bien claro que los dirigentes actuales no tienen respeto sino a las normas que ellos crean para favorecer sus intereses. Las que no convienen son burladas por sistema. Es evidente que la Generalitat debe contar con Servicios Jurídicos y asesores que, de cumplir con su función, deben de haber advertido que las consultas son ilegales. Si lo han hecho en ese sentido, los dirigentes no les han hecho caso; con lo que sirven para poco; si sus estudios han ido dirigidos a salvaguardar la legalidad de las consultas y sus conclusiones han defendido las mismas queda claro que los instrumentos burócratas y profesionales del sector público son meros apéndices del gobernante de turno, en contra del sentido que el Artículo 103 del texto constitucional dispone.
En definitiva, que el órdago catalán, no demuestra otra cosa que en esta España de comienzos del siglo XXI el Príncipe o Emperador, aunque sea en sus distintas versiones en miniatura propias del Estado Español, busca sólo la Justicia que le plazca. Y si la ley no se cumple y encima hay ganancias de por medio..........tonto el último que no saque tajada.

SELECCIÓN Y FORMACIÓN

La selección de personal es una de las cuestiones más trascendentales en el ámbito de cualquier organización. De todos es conocido que el capital humano es el principal activo con que todo departamento intenta alcanzar los objetivos para los cuales ha sido concebido.

Una buena selección de personal es casi una garantía de éxito futuro, mientras que la inadecuación del personal a unos puestos es un lastre que difícilmente puede ser superado. Respecto del Cuerpo Técnico Superior en alguno ámbitos como la Comunidad de Madrid se ha consagrada el dudoso sistema de Libres designaciones para cubrir los puestos de un nivel 26 en adelante. Hablamos de dudosos porque va en contra de la regla general de la provisión de puestos por concurso de méritos, que ha inspirado casi todas las legislaciones de función pública y que ha sido habitualmente sorteados por los ámbitos autonómicos y locales.

Dejando de lado los aspectos legales, no es infrecuente el encontrarse con situaciones de tensión generadas por la ausencia de respuesta inmediata del nuevo incorporado al puesto cuyas funciones debe de desempeñar. En realidad existe la creencia generalizada que la incorporación de un miembro del cuerpo Técnico supone la solución inmediata a los problemas del centro, sin tener en cuenta el breve periodo de adaptación que todo trabajador necesita cuando asume nuevas responsabilidades profesionales. Entonces empieza a surgir un peligroso círculo vicioso de desconfianza mutua entre el jefe del departamento y el nuevo incorporado: el ingresado empieza a dudar de su capacidad para el puesto y el superior de si selección ha sido la adecuada.

Es un principio esencial de todo proceso de gestión de personal que los periodos de adaptación a nuevos destinos deben de estar acompañados con una comprensión de las carencias del personal de nuevo ingreso. Cuántas veces hemos visto en el mundo del deporte como el rendimiento profesional de un deportista va creciendo con el paso de los años, a medida que va puliendo aspectos y va ganando confianza en sí mismo. Es ahí en donde surge la diferencia entre el mero “jefe” y el auténtico “gestor de equipos”, mientras que el primero a lo más que aspirará es a sobrevivir a diario en unas circunstancias más o menos favorables (cuando son negativas suele naufragar) el segundo irá puliendo poco a poco a sus trabajador, percibirá su mejora progresiva y terminará en un punto de perfecta sincronización con el mismo que concluirá con el ideal de todo sistema organizativo: la delegación de competencias o al menos la distribución correcta de las mismas.

Lógicamente este no es un proceso fácil, no siempre resulta posible; en ocasiones simplemente no se rinde lo suficiente o la comunicación entre jefe y subordinado no es la adecuada. Pero en cualquier análisis del liderazgo ejecutivo actual se tienen que partir de una premisa esencial: el mayor grado de compromiso o cesión debe de venir del superior jerárquico. Es a él a quien le corresponde la labor de integrar al recién llegado, solventar sus dudas y solucionarle los problemas. Es un labor ardua, pero sostenida en el tiempo puede dar lugar a resultados muy beneficiosos.

LOS CANALES ALTERNATIVOS

Resulta paradójico la pérdida importancia de la prensa escrita a medida que avanza la tecnología y las redes sociales se imponen especialmente en la gente joven. En realidad la llamada prensa se suelte identificar con la época anterior, con el sistema que nos ha llevado a la crisis galopante y la corrupción desenfrenada. La red social tiene la ventaja de su inmediatez, y de suponer la más clara expresión de la llamada "libertad de expresión", de poder dar a conocer una opinión sin cortapisas en tiempo récord.
La prensa tradicional huele un poco a naftalina. Han sido demasiadas su manifestaciones de parcialidad, su alianza nada disimulada con poderes fácticos, su utilización de deber de información en función de unos intereses concretos de contenido económico, la reiteración constante de tertuliano profesionales que se acomodan a espacios radiofónicos y televisivos con afan doctrinal.

Es posible que su época hay pasado. Que las nuevas generaciones quieran conocer directamente aquellos que acontece a su alrededor sin intermediarios. Que las mentiras firmemente sostenidas hayan cansado a generaciones sin futuro. que Twiter y Facebbok sean los canales de comunicación de esas nuevas hornadas de sufridos ciudadanos que no encuentran trabajo, aguantan horarios inhumanos o se ven con la angustia de pagar facturas sin que nadie les de una alternativa.

Nuevas épocas, nuevas miras

LA FALACIA DE LA EXTERNALIZACIÓN

No es infrecuente es ver como muchas actividades administrativas son externalizadas a empresas. En teoría responde al viejo axioma que determinadas prestaciones pueden ser mejoradas por las empresas privadas. No cabe duda que en ocasiones esto puede ser cierto; de hecho en sectores estratégicos como sanidad o educación la concurrencia de oferta pública con la privada produce efectos beneficiosos.
Pero en la fiebre externalizadora de buena parte de nuestras Administraciones no se esconde sino una manifestación más del caciquismo de Estado referido en las anteriores entradas. La adjudicación de tal actividad en realidad responde a dos premisas: la huida de los requisitos del Derecho Administrativo y el beneficio de los responsables de las entidades adjudicatarias, cuyos dueños suelen tener vínculos con los altos mandos públicos.
El caso Undargarin puede ser señalado como ejemplo palmario de lo expuesto, aunque por la notoriedad del personaje y la trascendencia de la noticia esconde la práctica habitúal en el sector público español. En la formación, por ejemplo, se suelen dar numerosos ejemplos de lo expuesto; se empezó por extender a consultoras la impartición de cursos y hasta masters en principio con figuras mas asimiladas al ámbito privado (coaching, motivación de equipos, técnicas de negociación....) para luego alcanzar materias puramente administrativas en la que un mínimo de coherencia indica que deben de ser prestados por funcionarios públicos. simplemente por motivos de especialización profesional. Algo así como si a un funcionario se le adjudicara el dar un curso sobre evolución de estrategias publicitarias de grandes superficies.Claro que un rastreo ene el accionariado de la empresa adjudicataria sacaría a la luz no pocas explicaciones.
Consecuencias: para el capital humano administrativo, falta de calidad en la formación y des motivación profesional el verse cortada otra fuente de ingresos. Para el mercado, nuevo supuesto de competencia desleal que provica la quiebra del legal y garantiza el mercado cautivo del que cuenta con la tecla adecuada paar la adjudicación

DEJA VU (2)

La Restauración instauró en España un sistema que se mantuvo durante largo tiempo de 1876 hasta 1923, e incluso puede considerarse vigente hasta la proclamación de           la II República en 1931. Cánovas del Castilla fue su gran arquitecto y en su ideario se encontraba en lugar destacado el acabar con la plaga de pronunciamientos militares que España había sufrido a lo largo del siglo XIX. La estabilidad parlamentaria y gubernamental  era el gran objetivo.

La forma de conseguirlo fue asegurando la alternancia en el poder de los dos partidos (Liberal y Conservador) a través del falseamiento de las elecciones por la acción de los caciques, terratenientes que aseguraban el voto de sus empleados a cambio de privilegios. Cánovas logró sus objetivos de estabilizar el país, y desterró durante años el golpismo militar así como el fantasma de una Guerra Civil, pero España pagó el precio de ser una nación que no salió del atraso, perdió el tren de la Industrialización y la sociedad se jerarquizó en exceso, impidiendo el desarrollo de las clases medias, ya que los terratenientes colaboradores del régimen concentraban gran parte de la riqueza de un país agrícola.

En 1978 se aprobaba una Constitución de consenso, en la que se pretendía consagrar un modelo democrático en un país una casi nula y trágica experiencia en esa línea. Para consolidar la democracia hacían falta partidos políticos que en España no existían tras cuatro décadas de franquismo. La ley electoral permitía asentar mayorías parlamentarias, primando a las principales formaciones en aquellas provincias con menos escaños y la consecuencia esencial fue la implantación a medio plazo de un bipartidismo (PSOE-izquierda; PP- derecha) que se repartía un jugoso botín de guerra de un disparatado diseño del Leviatán: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.

Convertidos los partidos en agencias de colocación de altos cargos su permanencia en el poder dependía del apoyo de los grandes poderes civiles (empresas, banca) así como de las centrales sindicales. Los primeros garantizaban la financiación del partido a cambio de prebendas del poder y los segundos mantener a la calle anestesiada salvo en ocasiones muy calculadas. Conseguir eso fue muy fácil ya que banca, empresas y sindicatos son siempre muy conscientes de que llevarse bien con el poder político es sinónimo de beneficio.

Quedan algunos flecos: Iglesia, Judicatura y Prensa. Un generoso acuerdo de financiación salvó el asunto eclesiástico, el poder judicial fue sucesivamente ocupado por los designios políticos y el corporativismo hizo el resto. La prensa resultó algo más rebelde, pero su dependencia de grandes grupos editoriales matizó sus denuncias, los grandes grupos de comunicación movieron sus líneas editoriales en función de sus problemas financieros en íntima conexión con los intereses políticos y, desde luego, que ningún gran medio escrito o audiovisual cuestionó nunca que los principales partidos estatales o nacionalistas eran una rémora.

Por lo tanto ya no se falsean las elecciones, pero la apatía política de la población provoca votaciones mecanicistas cada cuatro años en la que se eligen por sistema a partidos que han expoliado al Estado, porque nadie se plantea que haya otra alternativa. El poder reparte beneficios a los agentes sociales más destacados y se reserva la garantía de los cargos oficiales. Nada ocurre al partido que se ve salpicado por la corrupción o que se enfrenta a su ineficiencia. Acaso una pérdida momentánea del poder político, aunque con el consuelo de la oposición remunerada y más cómoda de ejercer. La clase media trabaja (si puede) y paga impuestos pero nunca accede a los centros de decisión que tanto suelen perjudicarle. Se consolidó la democracia sí, pero no sin pagar su precio

DEJA VU

El caciquismo español de finales del XIX y comienzos del siglo XX fue creado al amparo de la Restauración borbónica. Su objetivo no era otro que crear un sistema político estable que garantizase la alternancia de partidos políticos (liberal y conservador) sin miedo a que el sistema se viese alterado por agentes externos (llámese golpismo militar o socialismo). Se articulaba una red de corrupción institucionalizada y legalizada que mantenía los privilegios de políticos y caciques en aras del temor que provocaba la caída del sistema. España era inculta y atrasada pero estable.
En este siglo XXI, se mantiene un régimen constitucional nacido en 1978 que instaura una democracia a cambio de mantener en el poder a dos grandes partidos, que se reparten los gobiernos estatales, autonómicos y locales. Banca, Empresas, Jueces, Artistas, Funcionarios, Autónomos y Curas son conscientes que no pueden ir contra los designios de los gobernantes y deben colaborar con ellos para mantener su posición. Cada cuatro años se vota con un argumento: son malos pero es lo que hay, y fuera de ellos, el abismo. La corrupción, el desempleo, el futuro truncado de varias generaciones son lamentables, pero no hay mas cera que la que arde. La prensa es en apariencia crítica pero no osa salirse del camino trazado por los amos y al final, cada cuatro años colabora con ellos. El sistema requiere estabilidad dicen.

¿La analogía es accidental?

ALEJANDRO NIETO. EL NATURALISTA DEL DERECHO

Para cualquier estudiante de la carrera de Derecho que haya tenido la inmensa fortuna de dedicarse profesionalmente al mismo, resulta fácil percibir la diferencia entre el mundo ideal reflejados en los libros estudiados en los años de Universidad, y el ejercicio diario de una profesión jurídica.

Son muchos los autores que han escritos excelentes tratados académicos, pero pocos aquellos que realmente han enseñado en los mismos algo realmente práctico. El profesor Alejandro Nieto, Catedrático de Derecho Administrativo y ex-presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una de las pocas figuras del panorama docente que ha conseguido reflejar en su obra la realidad cotidiana, tal y como es y no como se supone que debería ser.

Con un estilo ágil, irónico y hasta teñido de tintes ácratas. Nieto desmenuza de forma precisa la realidad político-administrativa española con una brillantez expositiva difícilmente superable y consigue la dificilísima tarea de enganchar al lector en temas que son lo más opuesto a lo que uno tiene en mente como lectura de entretenimiento.

Ya en 1984 revolucionaba la concepción de la Administración española con su indiscutible obra de referencia "La organización del desgobierno" reeditado años más tarde con el nombre de "La nueva organización del desgobierno". Desde entonces, libros como "Corrupción en la España Democrática" "El desgobierno de lo público", "El desgobierno judicial" o "España en astillas" deberían de ser referentes indiscutibles para cualquiera que aspire al conocimiento de lo que es la realidad jurídica española tantas veces silenciada en aparentes construcciones teórico-formales alejadas de el ejercicio cotidiano del Derecho

EL INSACIABLE REGULADOR

El esquema clásico de separación de poderes establece que las función legislativa radica en las Cortes, en la Asamblea elegida democráticamente. El proceso de elaboración de leyes es largo y complejo y sometido a numerosos controles aunque, en el fondo, las mayorías parlamentarias salvan cualquier inconveniente.

Pero el proceso legislativo muestra un obstáculo insalvable, es notablemente lento y farragoso. Para ello el poder actúa a través de un instrumento más dinámico: el reglamento. "Haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento" dijo en su día Romanones una frase clásica en la Ciencia de la Administración española. Pero no sólo de reglamentos vive el Ejecutivo. Diariamente la Administración crea derecho a través de las más variopintas resoluciones, actos administrativas que en no pocas ocasiones son auténticas fuentes de derecho, regulaciones "ex novo" de numerosas materias y situaciones sólo sometidas al control en primera instancia del recurso administrativo y, en su caso, del proceso contencioso-administrativo. Como raro es el supuesto en el que el primero prospera se pude llegar a la conclusión que el auténtico control de la actividad administrativa se produce en la instancia judicial, para los casos en los que el acto llega a tal destino y que con la nueva ley de tasas es presumible que se vea reducido.

En definitiva podemos creara la hipótesis que la creación de Derecho del Estado actual se concentra, en un porcentaje altísimo en manos del Ejecutivo, controlado esporádicamente por el Poder Judicial. El sistema jurídico actual, pues, es el sistema del partido gobernante surtidor de Gobiernos que aprueban reglamentos y de altos cargos administrativos que firman resoluciones. No hay situación o circunstancia que no pueda ser resuelta por el correspondiente Decreto- ley u Orden Ministerial (con sus equivalentes autonómicos) elaborada contra-reloj y carente de los principios básicos de técnica normativa. Apagar fuegos, como requiere la actividad política actual está en evidente contradicción con el laborioso proceso legislativo ordinario.

¿DIRECTIVOS?????????

Las sucesivas reformas de la Función Pública has sido más bien parcas, cuando no conscientemente ambiguas respecto a la figura del directivo público. El motivo es bastante evidente; siempre resulta escabroso enfrentarse a la disyuntiva mágica; modelo “abierto” o “cerrado” de función directiva pública.

El “cerrado” es el recogido en la LOFAGE, sólo los funcionarios de carrera pueden ocupar cargos con rango de Director General, Subsecretario o Secretario General Técnico. En el ámbito autonómico y local, las legislaciones han preferido ser difusas: se alude al carácter “preferente” pero no obligatorio de la condición de funcionario para ocupar un alto cargo. Ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa, lo preferente se deja de lado y la oportunidad de nombrar bajo el criterio de adscripción política termina primando.

Pero tampoco hay que pensar que la restricción a funcionarios de carrera garantiza independencia y aun menos eficacia. Es por todos conocidos que incluso en esos casos los criterios estrictamente profesionales distan de ser los únicos que priman a lo hora de nombrar a cualquier Director General. Es ingenuo pensar que los seleccionados no ostentan una acreditada “fidelidad” a la causa gobernante aún en los profesionales más solventes.

En determinados países anglosajones se han impuesto los modelos de contratos de alta dirección. Se selecciona a un candidato que presenta un curriculum profesional y tras una serie de entrevistas y valoraciones, se le formaliza un contrato de unos cuatro- cinco años sometido al cumplimiento de objetivos concretos. No importa que sea funcionario o profesional del ámbito privado. Se valoran sus presuntas aptitudes y se le marcan unos objetivos concretos. Si no los cumple puede ser destituido.

¿Porqué no abrir un proceso selectivo objetivo cuando hay una vacante de alto cargo?. Se valoraría experiencia profesional, meritos académicos y profesionales, presentación de proyectos para el departamento que se pretende que dirijan, perfil psicológico y hasta un pequeño proceso selectivo. Al menos otorgaría legitimidad y muy probablemente solvencia, mas allá de la inestabilidad de los vaivenes político-administrativos.

PROVISIÓN DE PUESTOS

Sabida es la importancia que para cualquuier organización tiene la selección de personal. Las más modernas técnicas gerenciales han realizado sesudos estudios sobre la definición de perfiles adecuados para cubrir todos y cada uno de los puestos posibles.
La Administración cuenta con un sistema selectivo basado en la superación de pruebas y unos mecanismos internos que se articulan en dos grandes pivotes: el concurso de traslados y la libre designación. Esta última modalidad está reservada a funcionarios de cuerpos superiores que ocupan cargos de confianza mientas el concurso es el mecanismo ordinario de acceso.
No obstante, es habitúal que en los ámbitos autonómicos y locales la Libre Designación se haya establecido como sistema ordinario para los puestos de los grupos A1 y A2. ¿Ventajas?, a saber, superación de la rigidez del concurso, valoración más cercana al desempeño profesional, posibilidad de ascender los realmente válidos, equiparación al modelo privado.....¿Inconvenientes?. Se puede resumir en uno fundamental: el aumento del clientelismo a nivel funcionarial.
Si el perfil técnico debe primar una vez superado la designación política, lo cierto es que "el dedazo" puro y duro ha dado lugar a un sometimiento absoluto de la alta burocracia administrativa a los designio de la política. No suele interesar un perfil preparado, capaz de rebatir las decisiones de los altos cargos, es mas tan discusión se suele identificar con las mas pura deslealtad y la espada de Damocles pende sobre todo aquél que osa tener un criterio propio aunque sea mas bien incómodo. No es infrecuenta la designación de personas con un perfil profesional muy alejado del considerado adecuado para un puesto. Quizá un precio muy elevada

FUNCIONARIOS: ESOS AUSENTES

Desde la Constitución española de 1978, la función pública ha sido uno de los innegables parientes pobres de las políticas públicas de los sucesivos Gobiernos. Se tardaron nada menos que 30 años en elaborar un Estatuto Público de la Función Pública, mediante la Ley 7/2007, que merecer ser tenido en cuenta como ejemplo máximo de normativa irrelevante, carente de ambiciones, parca en sus definiciones y prolija en ambigüedades.

Seis años después de su aprobación un gran número de asuntos están pendientes de desarrollo legislativo, tanto estatal como autonómico sin que se aprecie el más mínimo interés en que  el mismo se produzca. Se siguen aplicando algunos preceptos de la Ley de Medidas de Función Pública de 1984 y los distintos Reales Decretos de situaciones Administrativas y provisión de puestos. El presunto desarrollo de la función directiva pública es un chiste de mal gusto y los más novedoso era la introducción de días de permiso por antigüedad, que luego fueron derogados por la crisis económica.

Es sintomático la decepción causada por la norma, muestra inequívoca del desinterés por articular una Función Pública estable y rigurosa. La figura del funcionario sigue despertando no pocos recelos y su posición en el entramado político-institucional español es, a fecha de hoy, más pobre que nunca: erradicada casi la figura del gestor público profesional, en el mejor de los caso uno se encuentra con una especie de híbrido entre el tecnócrata y el vasallo político. Mal panorama para la dignidad de la profesión.

TECNÓCRATAS DE VERDAD

En épocas como ésta en las que la Oferta de Empleo Público se congela de forma irreversible, existe una oposición en auge: la de tertuliano. No resulta infrecuente en zappear de una cadena a otra y ver siempre las mismas caras discutiendo de lo divino y de lo humano.

El tertuliano profesional surge en los años 80, coincidiendo con la consolidación del modelo democrático. Tiene un primer precedente en el programa “La clave” y se extiende por las diversas ondas de radio, alcanzando el grado, de “Parlamentos en la sombra”. Los oyentes se enganchan al cruce de opiniones en un reducido espacio de tiempo, aunque con el paso de los años frente a la mesa compuesta por expertos de diversos estratos se va imponiendo la figura del forofo de las ondas, adscrito a la línea ideológica del medio en el que habla y que , cada vez con más vehemencia, ataca o defiende tesis en la línea editorial de la empresa que le paga. La transición definitiva la marca la mitad de década de los 90, con la aparición de los primeros escándalos de corrupción y el tránsito gubernamental del PSOE de González al PP de Aznar.

Con la estabilización de las televisiones privadas los espacios de análisis políticos quedan configurados con el formato de tertulia sectaria compuesta por una proporción de cuatro o cinco a uno, esto es una mayoría abrumadora que defiende a un bando frente al representante aislado de otro que aguanta estoicamente el chaparrón a cambio de su sueldo. Además, y como sucede incluso con los espacios deportivos, se traslada la fórmula de los programas rosa, consistente en el griterío permanente, la interrupción constante del oponente, un moderador que incita la polémica y el deslice hacia el show televisivo de peor gusto.

El tertuliano profesional ha contado con un temario extenso que ha interiorizado de forma brillante: economía, educación sanidad, cultura, medio ambiente, relaciones internacionales o justicia. Es un cuerpo generalista, capaz de adaptarse a cualquier debate sin despeinarse. Lo mismo discuten un tema de becas, que una sentencia judicial, que las negociaciones en la UE, un movimiento social, la política tributaria, el calentamiento global, un caso de violencia de género o la conveniencia de las rebajas. La seguridad con la que hablan, lo preciso de sus argumentos, la brillantez de sus exposiciones nos dejan bien claro que en este país tenemos gente de talento capaz de resolver cualquier problema que se plantee. En definitiva su proceso selectivo cumple los requisitos de mérito y capacidad. Sólo falla el de igualdad (y tampoco del todo, cualquiera puede enviar su currículo a la COPE o la SER)

HASTÍO INFORMATIVO

Uno enciende la radio por las mañanas y no deja de escuchar la trilogía mágica: Undargarin, Bárcenas, ERES andaluces......según la adscripción del locutor se incide más en un caso que en otro....luego un par de apuntes sobre "asuntillos menores"....tal concejal, tal director general autonómico....hasta llegar a los deportes.

Resulta curioso que la avalancha de informaciones que recibimos sea cada vez menos trascendentes. A fin de cuentas al cabo de un par de meses ya todo el mundo se ha cansado de la misma historia y el escándalo que iba a remover los cimientos del Estado queda en agua de borrajas, en una noticia machacona y escasamente atractiva que suele acabar con un zapping a otro canal.

Y no es de extrañar la pérdida de interés de la ciudadanía por asuntos judiciales que se eternizan en farragosas instrucciones de sumarios que, al cabo de años, dan lugar a sentencias que ya no interesan a nadie. Se suceden informaciones altisonantes, apasionados cuando no chabacanos debates televisivos (ayer pude ver uno que consiguió sumergirme en la más absoluta vergüenza ajena) primeras páginas de diarios estruendosas,,,,,,,para el vacío más absoluto.

¿Sirve para algo tanta griterío? Si la corrupción no es combatida desde dentro, nada sirve todo el tinglado que genere, por mucho ruido que haga. Si a un chanchullo no le sigue nada más que alguna dimisión de cara a la galería y un inagotable proceso judicial que no concluye en nada, para ese viaje no se necesita casi ninguna alforja,

A la hora de la verdad si las entrañas del aparato político-administrativo están podridas, poco puede hacer un medio que denuncia una corruptela. Acaso ganar oyentes puntuales, pero poco más. Una corrupción generalizada como la española no se arregla a golpe de titular y de sumario de televisión. Requiere de una aparato interno de controles exhaustivos y funcionarios independientes,

El resto son brindis al sol

GESTIÓN EFICAZ

Todos sabemos la máxima neo-liberal: lo público gestiona mal mientras que lo privado bien. Lo público absorbe recursos en forma de impuestos que dejan de ir al consumo y la inversión. ¿Cómo salir de la crisis?. La respuesta es de cajón: reduzcamos lo público y, consiguientemente los impuestos y que la iniciativa privada sea la impulsara del bienestar general. Aún más: la historia no confirma la veracidad de esta tesis, no el vano los modelos socialistas han fracasado en todo el mundo, no digamos el comunismo.

El cuestionamiento de la Administración es lógico en el contexto actual: a fin de cuentas somos más pobres y cuanto menos tienes menos gasto público poder hacer, es de cajón a fin de cuentas. Es innegable el despilfarro de los últimos años en obras suntuosas, financiación de proyectos dudosos, gasto superfluo en el aparato administrativo. Nadie con dos dedos de frente puede alegar algo en contrario.

Pero poco cuestiona miento existe en cuanto a la forma de gestionar lo privado. El mercado debe mandar sin duda. Resulta significativo que el mundo académico en raras ocasiones se plantee si los mecanismos de gestión del ámbito privado son los adecuados. Es dogma de fe que el gestor de empresa es eficiente por principio.

La crisis mundial surge en el sector financiero norteamericano, con decisiones catastróficas tomadas por multimillonarios ejecutivos que se fueron a su casa con los bolsillos llenos sin rendir cuentas de sus actividades. La ingeniería financiera resultó un soufflé de componentes tóxicos. Los sagrados principios de la ortodoxia neo-com dieron como resultado el tránsito del capitalismo productivo a la burbuja ruinosa. Y la receta sigue siendo reducir lo público.

En España el que fuera presidente de la CEOE, que proclamaba más horas de trabajo a cambio de menos sueldo hoy se encuentra entre rejas. El desmadre de las Cajas de Ahorro fue posible por la ausencia de control de la Institución encargada de velar por la seguridad de todos, el Banco de España, uno de los innumerables botines de guerra de la clase política. Pero ya saben, para salir de la crisis sólo hay que reducir la Administración.

España está endeudada, es verdad. Pero su deuda pública es asumible. ¿Qué no resulta soportable?. La deuda privada. Deuda derivada de la locura crediticia de entidades financieras no gestionadas precisamente por funcionarios. ¿Cómo salimos del atolladeros?. Con menos empleados públicos.

QUIERO TRABAJAR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Para acceder a un puesto en la empresa privada uno redacta varios currículos, los manda en diversas empresas…..pasan los meses y la llamada no suele llegar. De vez en cuando toca alguna entrevista más o menos estrambóticas…..”ya nos pondremos en contacto con usted”. El devenir de los meses es cada vez más angustioso: la perspectiva de casarse, comprar un coche, hacer el viaje soñado, o hipotecarse de por   vida se oscurece cada vez más y más….

Entonces uno obtiene un rayo de luz: en tal compañía está el amigo del amigo del cuñado que fue compañero de facultad del mejor amigo de la novia,(o de la mejor amiga para mosquearse menos….) entonces se produce la llamada de turno, la súplica educada que ofrece algo de esperanza a un futuro tan poco prometedor. Quizá se obtenga el tan deseado puesto de trabajo. Algunos lo tienen más fácil, su familia tiene negocio propio o su tío es un cargo destacado de tal compañía, aunque para no levantar sospechas uno realiza su consabido “Master”

Existe un colectivo algo más atrevido. Miran las convocatorias en los Boletines Oficiales. Perciben la existencia de plazas en la Administración pero con un problema: llegar a ellas requiere de un examen al que se presentan miles y miles de candidatos. Toman la decisión: se encierran en su casa estudiar y estudiar….años de incertidumbre absoluta. Llega el gran día…….y se tiene suerte, pero es sólo el primero…..queda un segundo y en ocasión hasta un tercero y un cuarto….para ganar plaza hay que saber y mucho, porque uno compite con cientos de personas cualificadas…….Y hay ejercicios memorísticos pero también casos prácticos, cuestionarios tipo test, redacción de dictámenes….y en otro tipo de oposición, manejo casi asombros del paquete ofimático…..

Concluye el recorrido con el ansiado aprobado………uno se lo ha ganado a pulso; aunque por razones que explicaremos próximamente inicia un periodo de desprestigio social que seguirá hasta su jubilación.

A REDUCIR

La cuestión aparece por sistema en prensa, radio y televisión: reduzcamos la Administración. Nos cae el mensaje a través de diversas vías: la plática del tertuliano profesional, el artículo del presunto experto económico, la entrevista con el destacado dirigente empresarial………

Como planteamiento es totalmente respetable. El único problema reside en que toda tesis requiere de un fundamento y sobre todo, de un estudio riguroso y una alternativa plausible. Con la generalidad “reduzcamos Administración” o su variante “reduzcamos el sector público” se despacha el asunto sin más, no se aporta propuesta alguna, ni fundamento de en qué sectores debe operar la reducción. A lo más que se llega es a hablar de “empresas públicas” adecuado cajón de sastre que sirve de comodín muy cómodo ante la falta de ideas más precisas.

¿Saben los defensores de tal tesis que Gobierno y Administración son entes diferenciados aunque complementarios?. El artículo 97 de la Constitución señala que el gobierno dirige la Administración civil y militar y realiza la función ejecutiva, y el 103 del citado texto señala que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales.

El Gobierno es en teoría objetivo (debe atender a las necesidades globales) aunque en la práctica interesado (su finalidad real es el mantenimiento del poder) mientras que la Administración siempre y en todo lugar tiene una sola labor: el interés público. Un gobierno, de la naturaleza que sea, pasa mientras que el aparato administrativo permanece. El Gobierno puede dejar tras de sí una herencia dudosa (obras faraónicas de dudosa eficacia, deudas ingentes,,,,,,,,) mientras que la Administración se rige por unos cauces legales muy precisos y es poco amiga de los riesgos financieros. La labor del Gobiernos la marcan variables ambiguas y no relacionadas con la eficacia (encuestas de opinión, coste político, repercusión mediática…..) mientras que la administrativa se rige por experiencia profesional, criterios tecnócratas y leyes aprobadas.

¿En donde procede la reducción?

SERVIDORES SIN VOZ

Esta página está configurada como una ventana de todos aquellos empleados públicos que desean manifestar sus opiniones respecto de la situación actual del servicio público español. Hablamos de servicio público en sentido amplio, como la empresa que gestiona los intereses de todos, que todos sostenemos con nuestros impuestos y que tanto incido en nuestras vidas.
El empleado público es, a fecha de hoy, un privilegiado sin duda. En un país en el que desgraciadamente trabajar se ha convertido en el privilegio de unos pocos, la figura del servidor estatal, autonómico  o local se configura como uno de los pocos islotes de estabilidad laboral existentes. Esa condición provoca el recelo, cuando no la desafección de un buen puñado de personas. Empleo seguro, buen horario, escasa exigencia.Una visión muy extendida en nuestros días.
La relación del ciudadano con lo público es casi neurótica. Se quiere menor educación, sanidad, seguridad o justicia. Pero molesta pagar impuestos para sufragar sus mejoras. Además la calle identifica lo público con el alto cargo político, que en la práctica es una parte mínima de la maquinaria institucional aunque  con un importante poder de decisión, casi el poder absoluto. Por debajo del cargo político se sitúa un inmenso entramado de personas de la más diversa condición que configura la esencia del sector público. El político decide y el funcionario (o laboral) ejecuta. Este proceso no es en modo alguno sencillo: el cago político requiere de la especialización del funcionario que toma un papel decisivo en la elaboración de la política pública correspondiente; elabora informes, estudia la normativa, establece los posibles problemas de la misma, sus ventajas y desventajas, los antecedentes.....Esto supone que a la hora de tomar la decisión el cargo político tiene ante sí la disyuntiva de aceptar las sugerencias de los especialistas en la materia o seguir su propio instinto o el consejo de sus asesores no funcionariales. En no pocas ocasiones este modelo dista de ser pacífico.
Todas estas cuestiones suelen ser abordadas en la prensa  de una forma genérica y, por lo general, no muy rigurosa. Son escasas las plataformas de opinión de los empleados públicos, especialmente en los últimos tiempos caracterizados por un desprestigio social muy acusado de estos empleados tan importantes en dos facetas esenciales de la vida cotidiana: la atención de los servicios directos a la ciudadanía y el asesoramiento de los cargos electos. Este blog pretende satisfacer esa carencia desde una perspectiva novedosa; la opinión fundamentada en la realidad cotidiana.