CORRUPCION 3

El tercer control es el Administrativo, de carácter interno. En realidad es la llave esencial para que el fenómeno de la corrupción no se extienda sin remedio. En un Estado sólido, las iniciativas políticas son elaboradas por la burocracia administrativa, revisadas por los servicios jurídicos y la Intervención y aprobadas por el órgano competente. Gobierno de origen democrático y Administración de raíces tecnócratas se combinan en la elaboración de las políticas públicas, presididas por el respeto a la Ley.

Un Estado endeble como el español resulta un manual de perversión del sistema: los gobernantes quieren copar la toma de decisiones y para ello necesitan neutralizar a los funcionarios de carrera y la maraña normativa que limite sus excesos. La estrategia seguida suele tener tres pilares esenciales:

-       Aumento de las designaciones del personal político alejado de los Cuerpo clásicos de la Administración. Los Gabinetes toman el poder frente a las Subdirecciones.

-      Sometimiento de la burocracia a sus dictados. Sólo asciende el funcionario dispuesto a aceptar con obediencia las consignas de los superiores políticos.

-      Huida de los mecanismos de control mediante la creación de organismo ajenos a la estructura administrativa clásica y así esquivar que los expedientes sean revisados por personal no afecto.

No puede entenderse la escandalosa proliferación de asuntos  irregulares presididos por la corrupción, sino es bajo la batuta de este esquema. Las Administraciones autonómicas y locales extendieron la figura de la Libre designación para todos los puestos de responsabilidad que puedan ser ocupados por funcionarios de cuerpos superiores, se lanzaron a la contratación laboral a dedo y cuando los tribunales les enmendaron la plana, cínicamente adoptaron procesos de funcionarización de cara a consolidar un empleo público irregular, en algunos sitios se idearon mecanismos de promoción interna extraordinariamente laxos que contrastaban con la dureza clásica de las oposiciones, se ascendía de inmediato a los recién incorporados, se promovían a Subdirecciones a Jefes de Sección….en definitiva el funcionario que ascendía debía ser  en ocasiones capaz, pero siempre obediente, porque detrás suyo se puede esconder una carrera que no acaba de concordar con los criterios de mérito y capacidad.

De remate a esa situación se idearon sistemas de huida del siempre farragoso derecho administrativo. Las empresas públicas fueron el refugio de Alí Babá y su tropa en sus diversas vertientes. Figura ajena a la realidad administrativa y presuntamente creada para emular la eficiencia del ámbito privado, en la práctica servía para colocar a los comisarios del partido y ser el instrumento de lanzadera de la corrupción; una legislación tramposa permitía que su actividad no estuviese sometida a fiscalización ni control alguno y por esa vía se colaban toda una cascada de contratos fraudulentos, pagados a precio de oro por el erario público, previa comisión repartida entre el cargo directivo y el partido.

En definitiva, si los mecanismo previstos por la maraña legislativa funcionaran la corrupción no existiría. En una arcadia estatal el Director General tendría a su cargo a unos funcionarios independientes que le expondrían los pros y contras de sus ideas, la Intervención General señalaría los defectos de alguna tramitación irregular y sólo accederían a la condición de concesionarios las empresas más cualificadas que ofrecieran el mejor servicio al precio más asequible; y esto no supondría  ineficiencia como siempre se ha tratado de vender; los buenos proyectos políticos saldrían avalados por su revisión por los profesionales administrativos. En un Estado des estructurado, el alto funcionario sabe que su futuro peligra si no hace la vista gorda de algunas cosas y los organismos de control no ven los manejos de los directivos públicos, porque el sistema ha ideado soluciones legales que impiden su participación; los argumentos contra la burocracia son dos: búsqueda de resultados y respeto por la legitimidad de los cargos elegidos. Los resultados están a la vista de todos: corrupción generalizada, economía en ascuas y desastre en la imagen de la clase política amenazada por primera vez, por el populismo puro y duro.

CORRUPCIÓN 2

De los tres controles aludidos parece claro el moral es el menos eficaz. Puede ser por la vieja teoría que señalaba que el alma católica es más dada a la indulgencia con el ladrón que la austeridad protestante, por una captación indebida de las élites políticas o por la tradición hispana por la picaresca, lo cierto es que el poco realista pensar que la moralidad puede hacer de mecanismo de defensa frente a los corruptos, y más cuando los cargos públicos contemplan en saqueo de sus compañeros a diario (“tonto el último”) sin  que nadie les reprenda hasta que el escándalo salta. Piénsese en la orgia de las tarjetas de Bankia, en la que todos los consejeros se sumaban a efecto dominó de la utilización de esos instrumentos para compras particulares. Si el de alado lo hace a diario ¿por qué no voy yo a ser menos?. No hay en España, desafortunadamente, una tradición de respeto y honorabilidad de los gestores de la cosa pública.

Quedan los controles que el aparato público español es de dos tipos: administrativo y judicial. Para desgracia de la democracia española la judicialización es la vertiente que prima a fecha de hoy. Esto significa ni más ni menos que el delito ya se ha consumado y la corrupción se ha producido. La actuación de los tribunales siempre ha de ser la última ratio, el recurso final que marca el fracaso del sistema. La presencia de políticos ante el Juez de instrucción marca el final de la carrera de los mismos y un escándalo social considerable, y como mucho castigo electoral (hasta ahora, por cierto no muy elevado, aunque puede cambiar la tendencia) pero no supone la devolución de lo robado, ni la subsanación del contrato mal adjudicado, la licencia mal dada o la recalificación fraudulenta. El mal está hecho y en ocasiones es imposible de reparar. A esto hay que añadir que el proceso judicial resulta lento y poco eficaz como regla general. Pocos servicios públicos ostentan los problemas que asolan a la Administración de Justicia: a su politización en las altas esferas hay que añadirle las permanentes quejas del colectivo sobre la falta de medios legislativos, humanos y materiales, para el cumplimiento de sus fines.

Un sumario como la “Gurthell” se extiende durante años ya que las dificultades para seguir el rastro del dinero, la labor de los abogados defensores de los imputados y el respeto pos las garantías procesales hacen muy complicado el aceleramiento de la causa; el uso abusivo de las tarjetas de Bankia esconde dudas sobre su tipificación como delito. La condena penal puede suponer el fin de un político, repudiado por el partido que calló durante años sus manejos y que ahora huye de él como la peste, pero  apenas implica ningún cambio en la estructura de la corrupción: cómo se ha demostrado a ellos les seguirán otros que no se apartarán de esa línea porque cuando un cáncer está extendido por el organismo de forma irremediable, las operaciones puntuales poco arreglan. Y en España del siglo XXI, la corrupción política-privada está insertada de tal forma que sólo una medicina `preventiva puede salvar los restos del naufragio. La intervención del Juzgado provoca alarma social y hasta puede concluir en Justicia pero poco ayuda a resolver la raíz del problema: la organización política muestra su repulsa y hace propósito de enmienda, se anuncian medias legislativas y comisiones de investigación, pero todo ello suelo concluir  en un brindis al sol, una prórroga o tregua hasta que el temporal escampe y le gente se centre en el fútbol o las vacaciones de verano, y dé a los políticos por imposible porque a fin de cuentas, todos son iguales.

CORRUPCIÓN 1

En el esquema de la corrupción hay dos agentes cuyos intereses convergen entre sí: un empresario y un político que buscan el enriquecimiento. Ambos se necesitan mutuamente y cada uno tiene lo que necesita el otro: dinero para corromper y poder para decidir. De la adjudicación de un contrato o la modificación del planeamiento urbanístico depende que el hombre de negocios se haga millonario y quien tiene la sartén por el mango para otorgarlos se beneficie económicamente.

 La vida del político es, por naturaleza inestable, e ingrata: sometida no sólo a los vaivenes electorales sino también a las luchas internas dentro de su propia organización en la que el fácil subir como la espuma y caer en picado, según se turnen las diversas familias que se disputen el poder. Añádale a eso que la gestión pública no está demasiado remunerada (al menos comparativamente con puestos equivalentes del ámbito privado) y que es difícil que sea valorada con justicia: lo que se hace bien debe ser natural y los errores cometidos dejan a uno como un inútil ante demasiada gente. Evidentemente, a nadie le obligan a ser político, puede argumentarse, pero es difícil pensar que quien sufre las frustraciones del ejercicio cotidiano del poder (protestas del ciudadano, críticas crueles en prensa, acoso en la Asamblea, falta de medios para cumplir sus deseos) no tenga tentaciones de asegurarse su futuro, ante los beneficios que sus potestades le otorgan.

La corrupción existe en la naturaleza humana desde que el hombre dio sus primeros pasos. Desde Hobbes gran parte de la teoría política defiende que sólo las normas y la represión pueden garantizar la defensa de los instintos más crueles del hombre. Ante la tentación del lucro indebido puede haber diversas barreras: un acusado concepto de la moralidad, la existencia de mecanismos de control internos que la eviten o el miedo a la sanción penal de la misma. Ninguno de ellos funciona en España, encharcada desde comienzos de los 90 en un sistema de corrupción institucionalizada, parecido al existente durante décadas en Italia.

Durante los Gobiernos Socialistas de Felipe González se empezaron a conocer escándalos monumentales que afectaban a instituciones señeras del Estado Español como la Guardia Civil, el BOE, los fondos reservados de las fuerzas de Seguridad y por descontado la financiación irregular de los partidos. No pocas teorías explicaban el fenómeno en la medida que un partido (el PSOE)  que no había catado el poder nunca de repente se vio con el control absoluto de las instituciones y muchos de sus dirigentes, no precisamente procedentes de ámbitos demasiado acomodados, no pudieron vencer la tentación. Casi veinte años después la podredumbre alcanza a todo el sistema de partidos salido de la Constitución de 1978; la derecha (PP, CIU) y la izquierda (PSOE,IU), quizá ahora la palma, cuantitativamente hablando, se la lleve la derecha por el mero hecho que maneja mucho más poder autonómico y local, auténticos Sodoma y Gomorra de las corruptelas y la malversación del erario público, pero en la casi única autonomía dominada por el decadente PSOE, Andalucía, la misma también alcanza dimensiones descomunales y aberrantes y muchos líderes socialistas y sindicalistas también han mamado del uso indebido de las Cajas de Ahorro, con lo que la amenaza no parece identificarse con las ideologías, simplemente responde a la degradación de un modelo representativo a fecha de hoy amenazado seriamente por el populismo radical (Podemos) que recoge el hastío generalizado de un país lastrado por un paro desbordante y en que la clase media oscila entre la amenaza de la indigencia o la economía precaria y que observa con indignación como sus angustias económicas contratan con la opulencia de aquellos que debía preservar sus intereses.

¿Qué hacer, por lo tanto?