DEJA VU (2)

La Restauración instauró en España un sistema que se mantuvo durante largo tiempo de 1876 hasta 1923, e incluso puede considerarse vigente hasta la proclamación de           la II República en 1931. Cánovas del Castilla fue su gran arquitecto y en su ideario se encontraba en lugar destacado el acabar con la plaga de pronunciamientos militares que España había sufrido a lo largo del siglo XIX. La estabilidad parlamentaria y gubernamental  era el gran objetivo.

La forma de conseguirlo fue asegurando la alternancia en el poder de los dos partidos (Liberal y Conservador) a través del falseamiento de las elecciones por la acción de los caciques, terratenientes que aseguraban el voto de sus empleados a cambio de privilegios. Cánovas logró sus objetivos de estabilizar el país, y desterró durante años el golpismo militar así como el fantasma de una Guerra Civil, pero España pagó el precio de ser una nación que no salió del atraso, perdió el tren de la Industrialización y la sociedad se jerarquizó en exceso, impidiendo el desarrollo de las clases medias, ya que los terratenientes colaboradores del régimen concentraban gran parte de la riqueza de un país agrícola.

En 1978 se aprobaba una Constitución de consenso, en la que se pretendía consagrar un modelo democrático en un país una casi nula y trágica experiencia en esa línea. Para consolidar la democracia hacían falta partidos políticos que en España no existían tras cuatro décadas de franquismo. La ley electoral permitía asentar mayorías parlamentarias, primando a las principales formaciones en aquellas provincias con menos escaños y la consecuencia esencial fue la implantación a medio plazo de un bipartidismo (PSOE-izquierda; PP- derecha) que se repartía un jugoso botín de guerra de un disparatado diseño del Leviatán: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.

Convertidos los partidos en agencias de colocación de altos cargos su permanencia en el poder dependía del apoyo de los grandes poderes civiles (empresas, banca) así como de las centrales sindicales. Los primeros garantizaban la financiación del partido a cambio de prebendas del poder y los segundos mantener a la calle anestesiada salvo en ocasiones muy calculadas. Conseguir eso fue muy fácil ya que banca, empresas y sindicatos son siempre muy conscientes de que llevarse bien con el poder político es sinónimo de beneficio.

Quedan algunos flecos: Iglesia, Judicatura y Prensa. Un generoso acuerdo de financiación salvó el asunto eclesiástico, el poder judicial fue sucesivamente ocupado por los designios políticos y el corporativismo hizo el resto. La prensa resultó algo más rebelde, pero su dependencia de grandes grupos editoriales matizó sus denuncias, los grandes grupos de comunicación movieron sus líneas editoriales en función de sus problemas financieros en íntima conexión con los intereses políticos y, desde luego, que ningún gran medio escrito o audiovisual cuestionó nunca que los principales partidos estatales o nacionalistas eran una rémora.

Por lo tanto ya no se falsean las elecciones, pero la apatía política de la población provoca votaciones mecanicistas cada cuatro años en la que se eligen por sistema a partidos que han expoliado al Estado, porque nadie se plantea que haya otra alternativa. El poder reparte beneficios a los agentes sociales más destacados y se reserva la garantía de los cargos oficiales. Nada ocurre al partido que se ve salpicado por la corrupción o que se enfrenta a su ineficiencia. Acaso una pérdida momentánea del poder político, aunque con el consuelo de la oposición remunerada y más cómoda de ejercer. La clase media trabaja (si puede) y paga impuestos pero nunca accede a los centros de decisión que tanto suelen perjudicarle. Se consolidó la democracia sí, pero no sin pagar su precio

DEJA VU

El caciquismo español de finales del XIX y comienzos del siglo XX fue creado al amparo de la Restauración borbónica. Su objetivo no era otro que crear un sistema político estable que garantizase la alternancia de partidos políticos (liberal y conservador) sin miedo a que el sistema se viese alterado por agentes externos (llámese golpismo militar o socialismo). Se articulaba una red de corrupción institucionalizada y legalizada que mantenía los privilegios de políticos y caciques en aras del temor que provocaba la caída del sistema. España era inculta y atrasada pero estable.
En este siglo XXI, se mantiene un régimen constitucional nacido en 1978 que instaura una democracia a cambio de mantener en el poder a dos grandes partidos, que se reparten los gobiernos estatales, autonómicos y locales. Banca, Empresas, Jueces, Artistas, Funcionarios, Autónomos y Curas son conscientes que no pueden ir contra los designios de los gobernantes y deben colaborar con ellos para mantener su posición. Cada cuatro años se vota con un argumento: son malos pero es lo que hay, y fuera de ellos, el abismo. La corrupción, el desempleo, el futuro truncado de varias generaciones son lamentables, pero no hay mas cera que la que arde. La prensa es en apariencia crítica pero no osa salirse del camino trazado por los amos y al final, cada cuatro años colabora con ellos. El sistema requiere estabilidad dicen.

¿La analogía es accidental?

ALEJANDRO NIETO. EL NATURALISTA DEL DERECHO

Para cualquier estudiante de la carrera de Derecho que haya tenido la inmensa fortuna de dedicarse profesionalmente al mismo, resulta fácil percibir la diferencia entre el mundo ideal reflejados en los libros estudiados en los años de Universidad, y el ejercicio diario de una profesión jurídica.

Son muchos los autores que han escritos excelentes tratados académicos, pero pocos aquellos que realmente han enseñado en los mismos algo realmente práctico. El profesor Alejandro Nieto, Catedrático de Derecho Administrativo y ex-presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una de las pocas figuras del panorama docente que ha conseguido reflejar en su obra la realidad cotidiana, tal y como es y no como se supone que debería ser.

Con un estilo ágil, irónico y hasta teñido de tintes ácratas. Nieto desmenuza de forma precisa la realidad político-administrativa española con una brillantez expositiva difícilmente superable y consigue la dificilísima tarea de enganchar al lector en temas que son lo más opuesto a lo que uno tiene en mente como lectura de entretenimiento.

Ya en 1984 revolucionaba la concepción de la Administración española con su indiscutible obra de referencia "La organización del desgobierno" reeditado años más tarde con el nombre de "La nueva organización del desgobierno". Desde entonces, libros como "Corrupción en la España Democrática" "El desgobierno de lo público", "El desgobierno judicial" o "España en astillas" deberían de ser referentes indiscutibles para cualquiera que aspire al conocimiento de lo que es la realidad jurídica española tantas veces silenciada en aparentes construcciones teórico-formales alejadas de el ejercicio cotidiano del Derecho

EL INSACIABLE REGULADOR

El esquema clásico de separación de poderes establece que las función legislativa radica en las Cortes, en la Asamblea elegida democráticamente. El proceso de elaboración de leyes es largo y complejo y sometido a numerosos controles aunque, en el fondo, las mayorías parlamentarias salvan cualquier inconveniente.

Pero el proceso legislativo muestra un obstáculo insalvable, es notablemente lento y farragoso. Para ello el poder actúa a través de un instrumento más dinámico: el reglamento. "Haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento" dijo en su día Romanones una frase clásica en la Ciencia de la Administración española. Pero no sólo de reglamentos vive el Ejecutivo. Diariamente la Administración crea derecho a través de las más variopintas resoluciones, actos administrativas que en no pocas ocasiones son auténticas fuentes de derecho, regulaciones "ex novo" de numerosas materias y situaciones sólo sometidas al control en primera instancia del recurso administrativo y, en su caso, del proceso contencioso-administrativo. Como raro es el supuesto en el que el primero prospera se pude llegar a la conclusión que el auténtico control de la actividad administrativa se produce en la instancia judicial, para los casos en los que el acto llega a tal destino y que con la nueva ley de tasas es presumible que se vea reducido.

En definitiva podemos creara la hipótesis que la creación de Derecho del Estado actual se concentra, en un porcentaje altísimo en manos del Ejecutivo, controlado esporádicamente por el Poder Judicial. El sistema jurídico actual, pues, es el sistema del partido gobernante surtidor de Gobiernos que aprueban reglamentos y de altos cargos administrativos que firman resoluciones. No hay situación o circunstancia que no pueda ser resuelta por el correspondiente Decreto- ley u Orden Ministerial (con sus equivalentes autonómicos) elaborada contra-reloj y carente de los principios básicos de técnica normativa. Apagar fuegos, como requiere la actividad política actual está en evidente contradicción con el laborioso proceso legislativo ordinario.

¿DIRECTIVOS?????????

Las sucesivas reformas de la Función Pública has sido más bien parcas, cuando no conscientemente ambiguas respecto a la figura del directivo público. El motivo es bastante evidente; siempre resulta escabroso enfrentarse a la disyuntiva mágica; modelo “abierto” o “cerrado” de función directiva pública.

El “cerrado” es el recogido en la LOFAGE, sólo los funcionarios de carrera pueden ocupar cargos con rango de Director General, Subsecretario o Secretario General Técnico. En el ámbito autonómico y local, las legislaciones han preferido ser difusas: se alude al carácter “preferente” pero no obligatorio de la condición de funcionario para ocupar un alto cargo. Ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa, lo preferente se deja de lado y la oportunidad de nombrar bajo el criterio de adscripción política termina primando.

Pero tampoco hay que pensar que la restricción a funcionarios de carrera garantiza independencia y aun menos eficacia. Es por todos conocidos que incluso en esos casos los criterios estrictamente profesionales distan de ser los únicos que priman a lo hora de nombrar a cualquier Director General. Es ingenuo pensar que los seleccionados no ostentan una acreditada “fidelidad” a la causa gobernante aún en los profesionales más solventes.

En determinados países anglosajones se han impuesto los modelos de contratos de alta dirección. Se selecciona a un candidato que presenta un curriculum profesional y tras una serie de entrevistas y valoraciones, se le formaliza un contrato de unos cuatro- cinco años sometido al cumplimiento de objetivos concretos. No importa que sea funcionario o profesional del ámbito privado. Se valoran sus presuntas aptitudes y se le marcan unos objetivos concretos. Si no los cumple puede ser destituido.

¿Porqué no abrir un proceso selectivo objetivo cuando hay una vacante de alto cargo?. Se valoraría experiencia profesional, meritos académicos y profesionales, presentación de proyectos para el departamento que se pretende que dirijan, perfil psicológico y hasta un pequeño proceso selectivo. Al menos otorgaría legitimidad y muy probablemente solvencia, mas allá de la inestabilidad de los vaivenes político-administrativos.