¿DIRECTIVOS?????????

Las sucesivas reformas de la Función Pública has sido más bien parcas, cuando no conscientemente ambiguas respecto a la figura del directivo público. El motivo es bastante evidente; siempre resulta escabroso enfrentarse a la disyuntiva mágica; modelo “abierto” o “cerrado” de función directiva pública.

El “cerrado” es el recogido en la LOFAGE, sólo los funcionarios de carrera pueden ocupar cargos con rango de Director General, Subsecretario o Secretario General Técnico. En el ámbito autonómico y local, las legislaciones han preferido ser difusas: se alude al carácter “preferente” pero no obligatorio de la condición de funcionario para ocupar un alto cargo. Ya se sabe que hecha la ley, hecha la trampa, lo preferente se deja de lado y la oportunidad de nombrar bajo el criterio de adscripción política termina primando.

Pero tampoco hay que pensar que la restricción a funcionarios de carrera garantiza independencia y aun menos eficacia. Es por todos conocidos que incluso en esos casos los criterios estrictamente profesionales distan de ser los únicos que priman a lo hora de nombrar a cualquier Director General. Es ingenuo pensar que los seleccionados no ostentan una acreditada “fidelidad” a la causa gobernante aún en los profesionales más solventes.

En determinados países anglosajones se han impuesto los modelos de contratos de alta dirección. Se selecciona a un candidato que presenta un curriculum profesional y tras una serie de entrevistas y valoraciones, se le formaliza un contrato de unos cuatro- cinco años sometido al cumplimiento de objetivos concretos. No importa que sea funcionario o profesional del ámbito privado. Se valoran sus presuntas aptitudes y se le marcan unos objetivos concretos. Si no los cumple puede ser destituido.

¿Porqué no abrir un proceso selectivo objetivo cuando hay una vacante de alto cargo?. Se valoraría experiencia profesional, meritos académicos y profesionales, presentación de proyectos para el departamento que se pretende que dirijan, perfil psicológico y hasta un pequeño proceso selectivo. Al menos otorgaría legitimidad y muy probablemente solvencia, mas allá de la inestabilidad de los vaivenes político-administrativos.