martes, 24 de marzo de 2015

ADMINISTRACIÓN Y FICCIÓN (I). SÍ MINISTRO

Si el mundo administrativo ha sido habitualmente identificado con la solemnidad y el aburrimiento, una serie inglesa de comienzos de los años 80 echó por tierra todos los estereotipos.
“Sí Ministro” era una producción centrada en la peculiar relación entre tres personajes: el Ministro de Asuntos Administrativos James Hacker, un político inexperto, bienintencionado y torpe, el Secretario Permanente Sir Humphrey Appleby, un maquiavélico e intrigante funcionario de carrera y el Secretario Personal Bernard Woolley, otro funcionario a medio camino entre la lealtad a su jefe directo político y a su superior administrativo.

Ya desde el primer episodio en el que Sir Humprey boicoteaba la presencia del asesor personal del nuevo Ministro, la comedia televisiva nos daba un recital de la esquizofrenia existente en la gestión pública: los planes apresurados y motivados por la necesidad de una reacción inmediata del político topaban con las jugadas por la espalda del Secretario Permanente, dispuesto a cualquier pequeña conspiración con tal de mantener los privilegios de la casta funcionarial. Los diálogos entre ambos eran un recital de inventiva sobre la cualidad administrativa de en revesar cualquier tema por banal que fuese o claro que resultase: al final todo tenían múltiples inconvenientes y tras darle vuelta una y otra vez al tema la cosa quedaba como estaba. ¿Cuántas veces no se tiene esa sensación en la Administración actual?.
Algunos de sus episodios eran sencillamente memorables como aquél en el que el Ministro se veía obligado a dar marcha atrás en su idea de cerrar un Hospital…..que no tenía enfermos y sí personal u otro en el que una disputa entre el Ministro de Sanidad y el de Deportes por el patrocino de las tabacaleras a los eventos deportivos, se resolvía intercambiando las carteras: el mandatario de Sanidad lo sería ahora de Deportes , y este último órgano tendría la titularidad del saliente Ministro sanitario.
Bajo su apariencia de comedia algo grotesca o exagerada, la serie escondía una profunda reflexión sobre el sector público o mas concretamente de la incapacidad de entendimiento entre los dos extremos del mismo: los políticos y el funcionariado, y como ambos pretenden mantener su posición en las trincheras que han cavado. La entonces Primer Ministra Inglesa, Margaret Thatcher, se declaró fervientemente seguidora de la misma, sin lugar a duda por el hecho de ver reflejada en sus tramas muchas de las situaciones que sus Gobiernos tenían que afrontar a diario, y más aún teniendo en cuanta su ideario neo-liberal siempre escéptico frente al figura del funcionario de carrera.
Cualquiera que revise la serie a fecha de hoy se dará cuenta que no ha envejecido apenas nada, algo muy meritorio: en los años 80 la calidad que hoy tienen los productos televisivos no existía ni por asomo. En realidad, con casi todas las series de esos años el paso del tiempo ha sido inexorable; y no es extraño que hoy en día casi produzcan, en algunos casos, vergüenza ajena. Pero “Sí Ministro” puede entroncarse con esos productos de calidad eminentemente británicos, de aspecto teatral, pero con una calidad literaria en sus guiones que no ha caducado en absoluto (quizá junto con Arriba y Abajo y Yo Claudio, sea el delicatesen british de esas épocas tan lejanas).

En cualquier curso de técnicas directivas de la Administración deberían de proyectarse algunos episodios de esta serie histórica. Harían mucho mas que sesudos y pomposos manuales.

¿LEGALIDAD O OBJETIVOS?

La gran lucha del funcionariado se establece entre dos fuerzas que a veces coinciden y en mas ocasiones de la deseadas no: legalidad y eficacia.
Según el modelo clásico la Administración es una organización racional que cumple procedimientos estrictos; su seguimiento garantiza la eficacia indiferente de la misma frente a los peligros y devaneos del poder político.
Para un modelo mas avanzado de gestión pública se debe atender a la eficacia más que a la norma: lo importante es cumplir objetivos no tanto seguir lo que dicen las normas. O más sofisticado: adaptemos las normas a la eficacia y los problemas desaparecerán.
Lo que ocurre que esta última solución mágica ha distado de resultar viable: para empezar en la Administración española la ausencia de políticas públicas destacables en los últimos años raya el erial administrativo. La ausencia de presupuesto puede ser una de las causas mas evidentes, pero dista de ser la única. Difícilmente se puede ser imaginativo cuando lo que ha primado son los intereses partidistas, o sea la corrupción. En rara ocasión se cuestiona la incidencia de una actuación administrativa más allá de ver en quien puede recaer la adjudicación del contrato, para adaptar el concurso a sus características. Por otra parte, en España raro es que se vislumbre un horizonte de actuación mas allá de la obra pública, de forma que la alta gestión pública pasa por un momento mas que oscuro.

Como el funcionario no toma parte de la toma real de decisiones, mas allá que adaptar las normas jurídicas a los intereses de los de arriba, suele encontrase con dos disyuntivas: o se convierte en un obstáculo a todo lo que le mandan invocando tal ley o tal reglamento, o somete su técnica a los mandatos del de arriba ideando modelos de evitación de controles.  Las consecuencias son evidentes: la función pública queda dividida entre el legalista intransigente, tortura de jefes y compañeros del resto de unidades siempre dispuesto a entorpecer cualquier proyecto que pase por su mesa, y el laxo capaz de defender cualquier postura con tal de satisfacer a los de arriba.

¿Cuántos altos cargos conocen esa disciplina llamada Ciencia de la Administración y cuantos funcionarios dominan los sistemas de implantación y evaluación de las decisiones que aplican?

sábado, 14 de marzo de 2015

¿GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN?

El tema es conocido por todos: hay que reducir el tamaño de la Administración. Pero ¿se tiene claro en qué consiste la Administración?. El art 97 de la Constitución nos establece claramente que el gobierno dirige la Administración; son dos entres complementarios pero separados: los elegidos en las urnas aplican sus políticas a través de una estructura estable pero que ellos diseñan conforme a sus intereses, esa estructura la componen profesionales en teoría seleccionados por su cualificación y especializados en la gestión pública.
Cuando se habla de "reducir la Administración" parece que se centra en el segundo elemento del poder público. Por lo menos al ciudadano lo que le llega es que hacen falta menos Ministerios, Consejerías, Entes y por supuesto, trabajadores públicos.
Pero no se habla de "reducir el sistema político" o "transformar" ese sistema . Esto es plantearse si lo que sobran son diputados, concejales, senadores, altos cargos y hasta instituciones del sistema. Quien no conozca la realidad administrativa puede llevarse a engaño.
Al menos nos podríamos plantear esta pregunta. ¿Funcionaría un departamento ministerial o autonómico sin altos cargos y sólo regido por criterios tecnócratas......?