La gran lucha del funcionariado se establece entre dos fuerzas que a veces
coinciden y en mas ocasiones de la deseadas no: legalidad y eficacia.
Según el modelo clásico la Administración es una organización racional que
cumple procedimientos estrictos; su seguimiento garantiza la eficacia
indiferente de la misma frente a los peligros y devaneos del poder político.
Para un modelo mas avanzado de gestión pública se debe atender a la
eficacia más que a la norma: lo importante es cumplir objetivos no tanto seguir
lo que dicen las normas. O más sofisticado: adaptemos las normas a la eficacia
y los problemas desaparecerán.
Lo que ocurre que esta última solución mágica ha distado de resultar
viable: para empezar en la Administración española la ausencia de políticas
públicas destacables en los últimos años raya el erial administrativo. La
ausencia de presupuesto puede ser una de las causas mas evidentes, pero dista
de ser la única. Difícilmente se puede ser imaginativo cuando lo que ha primado
son los intereses partidistas, o sea la corrupción. En rara ocasión se
cuestiona la incidencia de una actuación administrativa más allá de ver en
quien puede recaer la adjudicación del contrato, para adaptar el concurso a sus
características. Por otra parte, en España raro es que se vislumbre un
horizonte de actuación mas allá de la obra pública, de forma que la alta
gestión pública pasa por un momento mas que oscuro.
Como el funcionario no toma parte de la toma real de decisiones, mas allá
que adaptar las normas jurídicas a los intereses de los de arriba, suele
encontrase con dos disyuntivas: o se convierte en un obstáculo a todo lo que le
mandan invocando tal ley o tal reglamento, o somete su técnica a los mandatos
del de arriba ideando modelos de evitación de controles. Las consecuencias son evidentes: la función
pública queda dividida entre el legalista intransigente, tortura de jefes y
compañeros del resto de unidades siempre dispuesto a entorpecer cualquier
proyecto que pase por su mesa, y el laxo capaz de defender cualquier postura
con tal de satisfacer a los de arriba.
¿Cuántos altos cargos conocen esa disciplina llamada Ciencia de la
Administración y cuantos funcionarios dominan los sistemas de implantación y
evaluación de las decisiones que aplican?

No hay comentarios:
Publicar un comentario