La Restauración instauró en España un sistema que se mantuvo durante largo tiempo de 1876 hasta 1923, e incluso puede considerarse vigente hasta la proclamación de la II República en 1931. Cánovas del Castilla fue su gran arquitecto y en su ideario se encontraba en lugar destacado el acabar con la plaga de pronunciamientos militares que España había sufrido a lo largo del siglo XIX. La estabilidad parlamentaria y gubernamental era el gran objetivo.
La forma de conseguirlo fue asegurando la alternancia en el poder de los dos partidos (Liberal y Conservador) a través del falseamiento de las elecciones por la acción de los caciques, terratenientes que aseguraban el voto de sus empleados a cambio de privilegios. Cánovas logró sus objetivos de estabilizar el país, y desterró durante años el golpismo militar así como el fantasma de una Guerra Civil, pero España pagó el precio de ser una nación que no salió del atraso, perdió el tren de la Industrialización y la sociedad se jerarquizó en exceso, impidiendo el desarrollo de las clases medias, ya que los terratenientes colaboradores del régimen concentraban gran parte de la riqueza de un país agrícola.
En 1978 se aprobaba una Constitución de consenso, en la que se pretendía consagrar un modelo democrático en un país una casi nula y trágica experiencia en esa línea. Para consolidar la democracia hacían falta partidos políticos que en España no existían tras cuatro décadas de franquismo. La ley electoral permitía asentar mayorías parlamentarias, primando a las principales formaciones en aquellas provincias con menos escaños y la consecuencia esencial fue la implantación a medio plazo de un bipartidismo (PSOE-izquierda; PP- derecha) que se repartía un jugoso botín de guerra de un disparatado diseño del Leviatán: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.
Convertidos los partidos en agencias de colocación de altos cargos su permanencia en el poder dependía del apoyo de los grandes poderes civiles (empresas, banca) así como de las centrales sindicales. Los primeros garantizaban la financiación del partido a cambio de prebendas del poder y los segundos mantener a la calle anestesiada salvo en ocasiones muy calculadas. Conseguir eso fue muy fácil ya que banca, empresas y sindicatos son siempre muy conscientes de que llevarse bien con el poder político es sinónimo de beneficio.
Quedan algunos flecos: Iglesia, Judicatura y Prensa. Un generoso acuerdo de financiación salvó el asunto eclesiástico, el poder judicial fue sucesivamente ocupado por los designios políticos y el corporativismo hizo el resto. La prensa resultó algo más rebelde, pero su dependencia de grandes grupos editoriales matizó sus denuncias, los grandes grupos de comunicación movieron sus líneas editoriales en función de sus problemas financieros en íntima conexión con los intereses políticos y, desde luego, que ningún gran medio escrito o audiovisual cuestionó nunca que los principales partidos estatales o nacionalistas eran una rémora.
Por lo tanto ya no se falsean las elecciones, pero la apatía política de la población provoca votaciones mecanicistas cada cuatro años en la que se eligen por sistema a partidos que han expoliado al Estado, porque nadie se plantea que haya otra alternativa. El poder reparte beneficios a los agentes sociales más destacados y se reserva la garantía de los cargos oficiales. Nada ocurre al partido que se ve salpicado por la corrupción o que se enfrenta a su ineficiencia. Acaso una pérdida momentánea del poder político, aunque con el consuelo de la oposición remunerada y más cómoda de ejercer. La clase media trabaja (si puede) y paga impuestos pero nunca accede a los centros de decisión que tanto suelen perjudicarle. Se consolidó la democracia sí, pero no sin pagar su precio
No hay comentarios:
Publicar un comentario