CORRUPCIÓN 2

De los tres controles aludidos parece claro el moral es el menos eficaz. Puede ser por la vieja teoría que señalaba que el alma católica es más dada a la indulgencia con el ladrón que la austeridad protestante, por una captación indebida de las élites políticas o por la tradición hispana por la picaresca, lo cierto es que el poco realista pensar que la moralidad puede hacer de mecanismo de defensa frente a los corruptos, y más cuando los cargos públicos contemplan en saqueo de sus compañeros a diario (“tonto el último”) sin  que nadie les reprenda hasta que el escándalo salta. Piénsese en la orgia de las tarjetas de Bankia, en la que todos los consejeros se sumaban a efecto dominó de la utilización de esos instrumentos para compras particulares. Si el de alado lo hace a diario ¿por qué no voy yo a ser menos?. No hay en España, desafortunadamente, una tradición de respeto y honorabilidad de los gestores de la cosa pública.

Quedan los controles que el aparato público español es de dos tipos: administrativo y judicial. Para desgracia de la democracia española la judicialización es la vertiente que prima a fecha de hoy. Esto significa ni más ni menos que el delito ya se ha consumado y la corrupción se ha producido. La actuación de los tribunales siempre ha de ser la última ratio, el recurso final que marca el fracaso del sistema. La presencia de políticos ante el Juez de instrucción marca el final de la carrera de los mismos y un escándalo social considerable, y como mucho castigo electoral (hasta ahora, por cierto no muy elevado, aunque puede cambiar la tendencia) pero no supone la devolución de lo robado, ni la subsanación del contrato mal adjudicado, la licencia mal dada o la recalificación fraudulenta. El mal está hecho y en ocasiones es imposible de reparar. A esto hay que añadir que el proceso judicial resulta lento y poco eficaz como regla general. Pocos servicios públicos ostentan los problemas que asolan a la Administración de Justicia: a su politización en las altas esferas hay que añadirle las permanentes quejas del colectivo sobre la falta de medios legislativos, humanos y materiales, para el cumplimiento de sus fines.

Un sumario como la “Gurthell” se extiende durante años ya que las dificultades para seguir el rastro del dinero, la labor de los abogados defensores de los imputados y el respeto pos las garantías procesales hacen muy complicado el aceleramiento de la causa; el uso abusivo de las tarjetas de Bankia esconde dudas sobre su tipificación como delito. La condena penal puede suponer el fin de un político, repudiado por el partido que calló durante años sus manejos y que ahora huye de él como la peste, pero  apenas implica ningún cambio en la estructura de la corrupción: cómo se ha demostrado a ellos les seguirán otros que no se apartarán de esa línea porque cuando un cáncer está extendido por el organismo de forma irremediable, las operaciones puntuales poco arreglan. Y en España del siglo XXI, la corrupción política-privada está insertada de tal forma que sólo una medicina `preventiva puede salvar los restos del naufragio. La intervención del Juzgado provoca alarma social y hasta puede concluir en Justicia pero poco ayuda a resolver la raíz del problema: la organización política muestra su repulsa y hace propósito de enmienda, se anuncian medias legislativas y comisiones de investigación, pero todo ello suelo concluir  en un brindis al sol, una prórroga o tregua hasta que el temporal escampe y le gente se centre en el fútbol o las vacaciones de verano, y dé a los políticos por imposible porque a fin de cuentas, todos son iguales.