CORRUPCIÓN 1

En el esquema de la corrupción hay dos agentes cuyos intereses convergen entre sí: un empresario y un político que buscan el enriquecimiento. Ambos se necesitan mutuamente y cada uno tiene lo que necesita el otro: dinero para corromper y poder para decidir. De la adjudicación de un contrato o la modificación del planeamiento urbanístico depende que el hombre de negocios se haga millonario y quien tiene la sartén por el mango para otorgarlos se beneficie económicamente.

 La vida del político es, por naturaleza inestable, e ingrata: sometida no sólo a los vaivenes electorales sino también a las luchas internas dentro de su propia organización en la que el fácil subir como la espuma y caer en picado, según se turnen las diversas familias que se disputen el poder. Añádale a eso que la gestión pública no está demasiado remunerada (al menos comparativamente con puestos equivalentes del ámbito privado) y que es difícil que sea valorada con justicia: lo que se hace bien debe ser natural y los errores cometidos dejan a uno como un inútil ante demasiada gente. Evidentemente, a nadie le obligan a ser político, puede argumentarse, pero es difícil pensar que quien sufre las frustraciones del ejercicio cotidiano del poder (protestas del ciudadano, críticas crueles en prensa, acoso en la Asamblea, falta de medios para cumplir sus deseos) no tenga tentaciones de asegurarse su futuro, ante los beneficios que sus potestades le otorgan.

La corrupción existe en la naturaleza humana desde que el hombre dio sus primeros pasos. Desde Hobbes gran parte de la teoría política defiende que sólo las normas y la represión pueden garantizar la defensa de los instintos más crueles del hombre. Ante la tentación del lucro indebido puede haber diversas barreras: un acusado concepto de la moralidad, la existencia de mecanismos de control internos que la eviten o el miedo a la sanción penal de la misma. Ninguno de ellos funciona en España, encharcada desde comienzos de los 90 en un sistema de corrupción institucionalizada, parecido al existente durante décadas en Italia.

Durante los Gobiernos Socialistas de Felipe González se empezaron a conocer escándalos monumentales que afectaban a instituciones señeras del Estado Español como la Guardia Civil, el BOE, los fondos reservados de las fuerzas de Seguridad y por descontado la financiación irregular de los partidos. No pocas teorías explicaban el fenómeno en la medida que un partido (el PSOE)  que no había catado el poder nunca de repente se vio con el control absoluto de las instituciones y muchos de sus dirigentes, no precisamente procedentes de ámbitos demasiado acomodados, no pudieron vencer la tentación. Casi veinte años después la podredumbre alcanza a todo el sistema de partidos salido de la Constitución de 1978; la derecha (PP, CIU) y la izquierda (PSOE,IU), quizá ahora la palma, cuantitativamente hablando, se la lleve la derecha por el mero hecho que maneja mucho más poder autonómico y local, auténticos Sodoma y Gomorra de las corruptelas y la malversación del erario público, pero en la casi única autonomía dominada por el decadente PSOE, Andalucía, la misma también alcanza dimensiones descomunales y aberrantes y muchos líderes socialistas y sindicalistas también han mamado del uso indebido de las Cajas de Ahorro, con lo que la amenaza no parece identificarse con las ideologías, simplemente responde a la degradación de un modelo representativo a fecha de hoy amenazado seriamente por el populismo radical (Podemos) que recoge el hastío generalizado de un país lastrado por un paro desbordante y en que la clase media oscila entre la amenaza de la indigencia o la economía precaria y que observa con indignación como sus angustias económicas contratan con la opulencia de aquellos que debía preservar sus intereses.

¿Qué hacer, por lo tanto?