El tercer control es el
Administrativo, de carácter interno. En realidad es la llave esencial para que
el fenómeno de la corrupción no se extienda sin remedio. En un Estado sólido,
las iniciativas políticas son elaboradas por la burocracia administrativa, revisadas
por los servicios jurídicos y la Intervención y aprobadas por el órgano
competente. Gobierno de origen democrático y Administración de raíces
tecnócratas se combinan en la elaboración de las políticas públicas, presididas
por el respeto a la Ley.
Un Estado endeble como el español
resulta un manual de perversión del sistema: los gobernantes quieren copar la
toma de decisiones y para ello necesitan neutralizar a los funcionarios de
carrera y la maraña normativa que limite sus excesos. La estrategia seguida
suele tener tres pilares esenciales:
- Aumento
de las designaciones del personal político alejado de los Cuerpo clásicos de la
Administración. Los Gabinetes toman el poder frente a las Subdirecciones.
- Sometimiento
de la burocracia a sus dictados. Sólo asciende el funcionario dispuesto a
aceptar con obediencia las consignas de los superiores políticos.
- Huida
de los mecanismos de control mediante la creación de organismo ajenos a la
estructura administrativa clásica y así esquivar que los expedientes sean
revisados por personal no afecto.
No puede entenderse la escandalosa
proliferación de asuntos irregulares
presididos por la corrupción, sino es bajo la batuta de este esquema. Las
Administraciones autonómicas y locales extendieron la figura de la Libre
designación para todos los puestos de responsabilidad que puedan ser ocupados
por funcionarios de cuerpos superiores, se lanzaron a la contratación laboral a
dedo y cuando los tribunales les enmendaron la plana, cínicamente adoptaron
procesos de funcionarización de cara a consolidar un empleo público irregular,
en algunos sitios se idearon mecanismos de promoción interna
extraordinariamente laxos que contrastaban con la dureza clásica de las
oposiciones, se ascendía de inmediato a los recién incorporados, se promovían a
Subdirecciones a Jefes de Sección….en definitiva el funcionario que ascendía debía
ser en ocasiones capaz, pero siempre
obediente, porque detrás suyo se puede esconder una carrera que no acaba de
concordar con los criterios de mérito y capacidad.
De remate a esa situación se idearon
sistemas de huida del siempre farragoso derecho administrativo. Las empresas
públicas fueron el refugio de Alí Babá y su tropa en sus diversas vertientes.
Figura ajena a la realidad administrativa y presuntamente creada para emular la
eficiencia del ámbito privado, en la práctica servía para colocar a los
comisarios del partido y ser el instrumento de lanzadera de la corrupción; una
legislación tramposa permitía que su actividad no estuviese sometida a fiscalización
ni control alguno y por esa vía se colaban toda una cascada de contratos
fraudulentos, pagados a precio de oro por el erario público, previa comisión
repartida entre el cargo directivo y el partido.
En definitiva, si los mecanismo
previstos por la maraña legislativa funcionaran la corrupción no existiría. En
una arcadia estatal el Director General tendría a su cargo a unos funcionarios
independientes que le expondrían los pros y contras de sus ideas, la
Intervención General señalaría los defectos de alguna tramitación irregular y
sólo accederían a la condición de concesionarios las empresas más cualificadas
que ofrecieran el mejor servicio al precio más asequible; y esto no
supondría ineficiencia como siempre se ha
tratado de vender; los buenos proyectos políticos saldrían avalados por su
revisión por los profesionales administrativos. En un Estado des estructurado,
el alto funcionario sabe que su futuro peligra si no hace la vista gorda de
algunas cosas y los organismos de control no ven los manejos de los directivos
públicos, porque el sistema ha ideado soluciones legales que impiden su
participación; los argumentos contra la burocracia son dos: búsqueda de
resultados y respeto por la legitimidad de los cargos elegidos. Los resultados
están a la vista de todos: corrupción generalizada, economía en ascuas y
desastre en la imagen de la clase política amenazada por primera vez, por el
populismo puro y duro.
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