CONTROL POLÍTICO; RIGUROSIDAD JURÍDICA

Las noticias que afectan a la Agencia Tributaria han hecho saltar la alarma en muchos medios de comunicación: nadie puede esconder el hecho que el principal organismo recaudador del Estado es un avispero de luchas intestinas marcadas por el control político de la temida Agencia.
No puede haber mejor ejemplo de la bipolaridad del sector público: la incesante lucha de los criterios técnicos frente los dictados políticos que se quieren imponer desde arriba. Es curioso que la prensa resalte el hecho que la Agencia Tributaria sea uno de los organismos en los que mas priman los criterios de confianza política para alcanzar un puesto relevante; en realidad ese es el mapa de la situación, incluso en puestos de nivel intermedio, en la práctica totalidad de las administraciones autonómicas y locales, que concentran en mayor número de empleados públicos de España, mientras que en la Administración General del Estado se sigue de forma más ortodoxa la carrera administrativa, con excepción de los altos cargos.
No parece que de estos ingredientes pueda salir un cóctel muy sólido. Si los políticos copan las decisiones y la provisión de puestos se debe única y exclusivamente a criterios de confianza, el panorama es mas bien sombrío: no habrá igualdad ante la ley y primará en interés del partido y no del estado. Si se deja todo en manos de los llamas "tecnócratas", se extenderán las decisiones impopulares, la aplicación de criterios legalistas por encima de la sensibilidad social o del análisis de las consecuencias, no siempre adecuadas, de las normas.
¿Donde puede encontrarse en punto de equilibrio?. Una Inspección rigurosa y legalista al máximo puede suponer el cierre de un negocio, la pérdida de puestos de trabajo o la huida a geografías mas benevolentes con el inversor. Al mismo tiempo la "vista gorda" con criterios políticos supone una alteración de la competencia y el perjuicio del que cumple rigurosamente con el marco legal. Si se seleccionan a "fieles" que seleccionan a quien debe hacerse caer el peso de la ley y dejan impunes a otros, los principios constitucionales caen. Si se deja el tinglado en manos de cumplidores escrupulosos de la legalidad, no sería infrecuente que los remedios aplicados fuesen peores que la enfermedad. En la literatura existe una figura memorable al respecto: el obsesivo inspector Janvert magistralmente recreado por Victor Hugo en "Los Miserables" que lleva a extremos neuróticos su amor a las normas.
Tal vez el problema se encuentre en un marco jurídico inadecuado: la tendencia del sector público a regularizarlo todo, a enmarcar cualquier actividad, en especial la económica, en una maraña legislativa que en la práctica resulte imposible de cumplir y que obligue al fraude para la supervivencia del negocio. Si las leyes fuesen mas coherentes, por parte de las Cámaras Nacionales o el Parlamento y la Comisión Europea, se podrían seleccionar profesionales independientes y solventes para los altos puestos administrativos, sin que el cargo político viese en peligro su supervivencia en caso del cumplimiento de las reglas del juego.
Porque cualquiera que haya trabajado en un servicio de inspección administrativo es consciente de que, si se entra a saco, se puede cerrar un sector casi al completo, o al menos mandar a la ruina a no pocos pequeños empresarios. Ahí puede estar la raíz del problema