El planteamiento de la consulta catalana nos demuestra una realidad desde hace varios años consolidada: el desprecio por el marco legal que la clase política ostenta.
Hace casi un siglo Kelsen afirmaba que una norma deja de ser válida cuando los individuos a los que va dirigida dejan de cumplirla. Esto se pone de manifiesto en los dirigentes catalanes que una y otra vez se saltan el marco jurídico establecido en la Constitución de 1978; en su desdén por la misma no dudan en acometer la mas flagrante ilegalidad con tal de buscar un rendimiento político a la misma. Mas y compañía saben que la consulta será declarada inconstitucional, pero precisamente eso es lo que buscan para arroparse en una presunta agresión estatal e intentar sacar rendimiento electoral de la misma.
Por lo tanto, nos encontramos ante la negación absoluta del Estado de Derecho: sus instituciones y reglas son utilizadas como instrumentos de rendimiento político al servicio de una clase que lucha por su subsistencia a toda costa.
En tales circunstancias ¿a quién le puede extrañar la existencia de corrupción?. La misma entraña, ante todo, desprecio por la legalidad vigente y queda bien claro que los dirigentes actuales no tienen respeto sino a las normas que ellos crean para favorecer sus intereses. Las que no convienen son burladas por sistema. Es evidente que la Generalitat debe contar con Servicios Jurídicos y asesores que, de cumplir con su función, deben de haber advertido que las consultas son ilegales. Si lo han hecho en ese sentido, los dirigentes no les han hecho caso; con lo que sirven para poco; si sus estudios han ido dirigidos a salvaguardar la legalidad de las consultas y sus conclusiones han defendido las mismas queda claro que los instrumentos burócratas y profesionales del sector público son meros apéndices del gobernante de turno, en contra del sentido que el Artículo 103 del texto constitucional dispone.
En definitiva, que el órdago catalán, no demuestra otra cosa que en esta España de comienzos del siglo XXI el Príncipe o Emperador, aunque sea en sus distintas versiones en miniatura propias del Estado Español, busca sólo la Justicia que le plazca. Y si la ley no se cumple y encima hay ganancias de por medio..........tonto el último que no saque tajada.

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