Desde la Constitución española de 1978, la función pública ha sido uno de los innegables parientes pobres de las políticas públicas de los sucesivos Gobiernos. Se tardaron nada menos que 30 años en elaborar un Estatuto Público de la Función Pública, mediante la Ley 7/2007, que merecer ser tenido en cuenta como ejemplo máximo de normativa irrelevante, carente de ambiciones, parca en sus definiciones y prolija en ambigüedades.
Seis años después de su aprobación un gran número de asuntos están pendientes de desarrollo legislativo, tanto estatal como autonómico sin que se aprecie el más mínimo interés en que el mismo se produzca. Se siguen aplicando algunos preceptos de la Ley de Medidas de Función Pública de 1984 y los distintos Reales Decretos de situaciones Administrativas y provisión de puestos. El presunto desarrollo de la función directiva pública es un chiste de mal gusto y los más novedoso era la introducción de días de permiso por antigüedad, que luego fueron derogados por la crisis económica.
Es sintomático la decepción causada por la norma, muestra inequívoca del desinterés por articular una Función Pública estable y rigurosa. La figura del funcionario sigue despertando no pocos recelos y su posición en el entramado político-institucional español es, a fecha de hoy, más pobre que nunca: erradicada casi la figura del gestor público profesional, en el mejor de los caso uno se encuentra con una especie de híbrido entre el tecnócrata y el vasallo político. Mal panorama para la dignidad de la profesión.
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